El Defensor del Pueblo de la República Dominicana tiene la responsabilidad de representar a los dominicanos en el ámbito de los derechos humanos, siendo elegido conforme a la constitución del país. Sin embargo, cuando decide enfrentarse a una organización como Amnistía Internacional, una ONG con intereses y financiamiento que no siempre son transparentes ni responden a los intereses nacionales, se genera una serie de interrogantes legítimas:
¿Qué le debe la República Dominicana a una entidad extranjera como Amnistía Internacional? Esta organización ha sido señalada en numerosas ocasiones por su injerencia en los asuntos internos de países soberanos, particularmente en naciones del Sur Global. A menudo, sus acciones y reportes parecen alinearse más con los intereses de quienes las financian—grupos de poder en el Norte Global—que con una defensa imparcial de los derechos humanos.
¿Por qué figuras públicas, desde funcionarios hasta legisladores, sienten la necesidad de responder o legitimar a estas entidades? Esto no hace más que fortalecer su influencia y justificar su intromisión en asuntos que competen exclusivamente al Estado dominicano y a su ciudadanía. Cada vez que el Defensor del Pueblo responde a una crítica o comentario de Amnistía Internacional, no solo está validando a la organización, sino también permitiendo que su narrativa se inserte en el debate nacional.
El Defensor del Pueblo debe recordar que su lealtad es con los dominicanos y con los principios establecidos por la constitución de la República Dominicana, y no con agendas internacionales que, bajo la fachada de la defensa de los derechos humanos, buscan influir en la política interna de las naciones soberanas. Legitimar a Amnistía Internacional y otras entidades similares es, en esencia, abrir la puerta a la injerencia extranjera en la toma de decisiones y en la autodeterminación del país.áticas y de presión.
